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jueves, 12 de abril de 2012

Asignaciones parlamentarias. (1 de 2)

 
Resulta realmente extraño que todo el mundo ponga el grito en el cielo por el alza en 2 millones mensuales a la asignación que perciben los Senadores para contratar personal -alcanzando los 7.5 millones mensuales- sin parar mientes en las escandalosas y secretas maniobras revestidas por un aura de “transparencia”, por haber sido adoptadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, para hacer lo mismo con las asignaciones de los diputados.

Luego de leer este artículo, lamento decirle que a Ud. se lo seguirán cepillando -y en seco- pero para que sepa al menos de que se trata, ya que dudo le hayan invitado una piscola siquiera antes de sodomizarlo, y a modo de lubricante KY gel, le contaré algo bastante peor y que solo a medias ha salido en la prensa. 

A partir del año 2011, la Cámara de Diputados incrementó en varios millones mensuales las asignaciones mensuales que reciben cada uno de sus integrantes. Hasta esa fecha, los montos que recibían se desglosaban de la siguiente manera:

  • Asignaciones para el desempeño del cargo: $ 2.893.830 mensuales
  • Movilización: $ 881.532 mensuales (Combustibles y gastos de traslados)
  • Materiales de oficina: hasta UF 4 mensuales (para útiles de oficina)
  • Asignación por remuneraciones de secretarios y asesores: $ 3.445.826 mensuales
  • Asignación por Arriendo y Telefonía: $ 751.690 mensuales
-    
Adicionalmente, cada uno de estos “representantes de la ciudadanía” disponía de $ 2.250.000 anuales para contratar “asesorías externas”, usualmente contratadas con algún instituto o think tank afín a su corriente de pensamiento. 

Podríamos decir entonces -grosso modo- que cada diputado disponía mensualmente de unos $ 8.200.000 para deleitarnos con sus genialidades jurídicas. 

Echemos una mirada a la situación actual. Algunas asignaciones se han refundido en una sola y ahora en teoría deben rendir los gastos, cosa que no se hacía, pero el monto total se ha incrementado GROSERAMENTE. A saber: 

  • Asignación personal de apoyo $ 4.750.000 mensuales
  • Asignación asesorías externas $ 2.000.000 mensuales
  • Asignación gastos operacionales $ 4.950.000 mensuales
  • Comités parlamentarios:
Asignación personal de apoyo $750.000 mensuales
Asignación asesorías externas $250.000 mensuales
Asignación gastos operacionales $ 20.000 mensuales

Lo que nos da un GRAN TOTAL de algo así como $ 12.720.000.
 
Ahora, enójese con mayor razón. Saludos cariñosos a los parlamentarios que para variar, se salen con la suya porque la gente es hueona. Todos los datos obtenidos de fuentes públicas. 

* Es del caso señalar que los diputados perciben una asignación triplicada para el mismo cometido. Asesorías. Pueden pagar con asignación a personal de apoyo, asignación de asesorías externas y asignación a su nombre para el Comité Parlamentario al que pertenezca para asesorías externas. Todo esto, existiendo la Asesoría Parlamentaria que gratuitamente les ofrece la Biblioteca del Congreso Nacional.

lunes, 2 de abril de 2012

Proyecto de ley “antidiscriminación”


Proyecto de ley “antidiscriminación”

La muerte de Daniel Zamudio no solo ha vuelto a poner en el tapete el proyecto de ley que “Establece medidas contra la discriminación”, vulgarmente conocido como "antidiscriminación" (boletín 3815-07 en sil.senado.cl), sino que también ha repuesto el tema de las minorías y el respeto que teóricamente debe asegurarles el Estado ante las agresiones de quienes pertenecen al mainstream.

El problema que puede parecer a muchos algo sencillo -se dicta una ley y los brutales y cobardes ataques de estos últimos días desaparecen como por arte de magia- tiene diversas aristas que lo tornan bastante más complejo y justifican un tratamiento más profundo. Intentaremos exponer nuestra postura libertaria al respecto colaborando a la discusión seria que merece tan sensible tema.

I.- Definiciones relevantes

En primer término, creo conveniente definir con precisión los términos relevantes de la discusión, pues existe mucha confusión, y me atrevo a decir mito, al respecto. Cuando una parte entiende por silla una mesa y la otra un mueble para sentarse, no existirá manera alguna de llegar a buen puerto.

1.- Discriminación.

Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que como se sabe, y al igual que un detergente fija, limpia y da esplendor, “discriminar” consiste básicamente en “seleccionar excluyendo”. A renglón seguido entrega una nueva acepción algo más valorativa y política, “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc”.

Esto implica a lo menos dos cosas, a saber: a) que la discriminación no es mala per se, y, b) que el paso del tiempo y el “avance” del pensamiento ha logrado que el lenguaje recepcione con un juicio valorativo negativo, el acto de discriminar por algunas razones. ¿¡Nada de malo tendría entonces discriminar porque sí o motivos no analogables a las que señala el diccionario!?
         
El trato igualitario puede discriminar
¿Pero es esto tan así? Volvamos por un instante al concepto de discriminación descrito, puede que resulte insuficiente o erróneo. ¿Qué pasa si tratamos como iguales a quienes son distintos? Siguiendo la misma lógica agrego… ¿Qué pasa si trato de manera disímil a quienes son idénticos? ¿No estaremos recién en este caso frente a un acto de discriminación?

El hecho es que muchos de quienes son discriminados, son distintos a la mayoría, por tanto, merecen un tratamiento distinto y no igual. Esto no implica que ese trato deba ser subirlos a vagones de tren, gasearlos y cremar sus cuerpos o reventarles el cráneo a patadas. Muy por el contrario, cada diferencia implicará –o no, dependiendo de su naturaleza y entidad- un trato distinto pero jamás la violencia.

Los seres humanos no somos todos iguales
Si un marciano llegase a la tierra se encontraría con casi 7.000 millones de seres humanos distintos entre sí. Ese hecho es objetivo. Existen personas más altas, inteligentes, apuestas y afortunadas que otras. Estas diferencias no tienen nada de malo, son naturales y nos motivan a relacionarnos con los demás. Si fuésemos iguales, nada podría hacer otro por mí que yo no pudiese. De Perogrullo.

¿Qué enseñamos a nuestros hijos?
Desafortunadamente y por diversos motivos, los padres enseñan a sus hijos que somos todos iguales, ocultándoles la realidad. Si aprendieran desde pequeños que somos distintos y eso no tiene nada de malo, jamás verían la diversidad como algo extraño. Por el contrario, la aceptarían como algo natural y no aspirarían a igualar –y a cualquier precio- a quien se sale del esquema aprendido.

¿Cuál sería la enseñanza que debemos entregarles?
Debiésemos partir por enseñarles el amor por la Libertad. Dicho esto, que lo único que nos hace realmente iguales a los seres humanos es el hecho de ser libres. Nadie es esclavo o pertenencia de otro. Esa libertad solo puede ser coartada o eliminada por otros hombres o el Estado, siempre a través de la violencia. El ser humano continúa siendo libre en la medida que no es agredido.

2.- Principio de no-agresión

Sustentado en el señorío que tenemos sobre nuestro ser, implica que el individuo puede hacer lo que desee en tanto no inicie la violencia contra otro o sus pertenencias –caso en el cual se justifica la legítima defensa contra el agresor. Esta agresión consiste en fuerza física, o amenaza de su uso, no abarcando nuestras opiniones sobre los demás, las cuales se ven amparadas en la libertad de expresión.

3.- Tolerancia

Surge ahora la duda respecto al tema de la tolerancia. ¿Qué es ser tolerante? El diccionario nos dirá escuetamente –y respecto de las acepciones que nos interesan- que es “Sufrir, llevar con paciencia” y “Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Ambas son actitudes negativas u omisiones. Consisten en no hacer algo al respecto.

¿Es una virtud ser tolerante?
Toda persona es libre de sentirse o no cómoda con las actitudes de los demás. Después de todo, nadie está obligado a gustar de lo que hagan o dejen de hacer quienes lo rodean. Dicho esto, más que virtud es una necesidad no solo de orden económico sino de un sano vivir el “laissez faire, laissez passer”. A nadie beneficia un estado de guerra permanente, ni siquiera al “más fuerte”.

II.- Proyecto de ley

Generalidades.
No crea nuevos tipos penales sancionando conductas “inspiradas en el odio” o “discriminatorias”. Define “discriminación arbitraria” y establece una nueva agravante genéricamente a los tipos vigentes. Básicamente puede decirse que limita diversas libertades de las personas al obligarlas más que a ser “tolerantes” a pensar de determinada manera y establece una Thinkpol o policía del pensamiento.

“Discriminación arbitraria” en el proyecto de ley
Según su artículo 2° es “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

Desglosando la definición dada por el proyecto de ley, para su adecuada comprensión tenemos:

·      Conducta: “Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable”.
·      Distinción: Diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a otra.
·      Exclusión: Acción y efecto de excluir (Echar a una persona o cosa fuera del lugar que ocupaba; descartar, rechazar).
·      Restricción: Acción y efecto de restringir (Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites).
·      Justificación razonable: Acción y efecto de justificar (Ser algo la causa de que otra no resulte extraña o censurable), conforme a la razón.
·      Autor: “Agentes del Estado o particulares”.
·      Efecto: “Que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
·      Privación: Pérdida de lo que se poseía o gozaba.
·      Perturbación: Alteración del orden o del desarrollo normal de algo.
·      Amenaza: Gesto u acto por el cual se expresa la voluntad de querer hacer daño a alguien; peligro de suceder un mal, presagio que hace temer un mal. Siguiendo la tendencia en materia de Acción de Protección (o recurso de protección como se le llama usualmente), esta amenaza debe revestir caracteres de ser actual cierta, precisa y concreta.

Acto seguido, el legislador incorpora en el concepto- a nuestro modo de ver, de manera reiterativa e innecesaria-, los casos en los que esta “discriminación arbitraria” se funda en motivos tales como “la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. Todo ello en conformidad a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.
         
Nuestra crítica
¿Y si un dueño de una tienda no quiere venderle a un cliente just because? ¿Por qué tendría que ser sancionado o estar obligado a hacerlo? Es su dinero, y si quiere perder una venta y potencial clientela, problema suyo. Obligarlo implica estatizar su negocio al restarle libertad de hacer lo que le plazca con su patrimonio. Lo mismo pasa con quien desecha a un candidato a un puesto de trabajo por el motivo que sea. Es su empresa, su dinero, su libertad.

III.- Nuestra propuesta

El Estado no debe entrometerse en lo que hacen las personas
En primer término creo importante dejar en claro que para nosotros los anarcocapitalistas, el Estado no tiene por qué interferir en lo que hagan dos personas entre sí de forma pacífica. Basta leer el artículo 365 del Código Penal -que sanciona la sodomía si uno de los participantes tiene entre 14 y 18 años- para encontrar una flagrante vulneración a este principio.

Heterosexuales y homosexuales tenemos derechos innatos
 Acto seguido, recordarles que para nosotros el Estado no debe limitar la propiedad, libertad de expresión, de contratación, de albedrío, comercio ni los derechos que todos poseemos sobre nuestro cuerpo. El solo hecho de ser individuos hace que tanto heterosexuales, homosexuales, lesbianas o transgéneros posean derechos innatos, propios de nuestra naturaleza humana.

Nadie tiene más derechos por sobre los demás
Este hecho implica al mismo tiempo que nadie tiene más derechos por sobre los demás, esto es, que todos somos iguales en cuanto a derechos fundamentales: Vida, Libertad y Propiedad. Nadie debe tener más o menos derechos por el hecho de pertenecer o no a una raza, religión, posición socioeconómica, ideología política, sexo, preferencias sexuales, etc.

¿Los demás no son derechos?
Entendemos por derechos naturales los enunciados supra y los que dependen de éstos, como las libertades de expresión, comercio, emprender, asociarse, tránsito, contratación, conciencia, etc. Dicho esto, no es menester enfatizar por ley estos derechos para alguna minoría, pues siendo todos iguales ante la ley el hacerlo implica una discriminación gubernamental e inaceptable.

¿Los Derechos Humanos son realmente derechos?
No. La gran mayoría no pasan de ser un invento de políticos que ven en ese catálogo de prestaciones estatales una excelente manera de mantenerse en el poder usando la plata de algunos para privilegiar a sus electores. Para tener “derecho” a algo es menester que uno se “obligue” para con otro al mismo tiempo. Los Derechos Humanos no siguen esta estructura y por tanto NO SON DERECHOS.       

De hecho, y a diferencia de los derechos de propiedad y las libertades ya reseñadas, el respeto de los “falsos derechos humanos” implica la obligación para un tercero de dar hacer o no hacer algo que le significa un costo, un sacrificio y en definitiva un detrimento, de su libertad o patrimonio. Imagínese el “derecho a la salud”. Si alguien no tiene dinero para pagar su salud, Ud. está obligado a hacerlo vía impuestos.

¿Debiesen tener derecho los homosexuales a casarse?
El Estado no debe normar siquiera el tema del matrimonio, pues éste ha surgido espontáneamente en la historia humana, y aunque semánticamente la institución sugiera la necesidad de estar formada por un hombre y una mujer, no debe limitarse lo que personas adultas convengan libremente entre sí mediante contrato en tanto este acuerdo no violente el derecho de un tercero.

¿Entonces, cualquiera puede “casarse” con quien desee?
Por supuesto. Y ante quien quiera. Y ponerle el nombre a ese vínculo que sea. Es un problema entre dos y uno no tiene nada que meterse en ello. Si quieren casarse ante el cartero, el carnicero, el Papa o un imán es cosa de ellos. Y si quieren llamarle “matrimonio”, “emparejamiento”, o como les venga en ganas, también. En nada te afecta a ti.

¿Las parejas homosexuales debiesen poder adoptar niños?
Son los padres -o uno de ellos si falta el otro-, o las instituciones privadas encargadas de entregar huérfanos en adopción los que pueden reservarse libremente el derecho de dar en adopción a un niño a quien deseen. Una pareja homosexual no puede exigir le sea entregado un niño para adoptarlo. Parejas estables/inestables existen tanto entre las heterosexuales como las homosexuales.

¿Debe el Estado regular las materias hereditarias y beneficios de seguros de parejas homosexuales?
Lo que una persona decida hacer con sus bienes una vez fallecida es un tema completamente personal en el cual el Estado no debe entrometerse. Quien contrata un seguro de vida puede establecer los beneficiarios del mismo en forma libre y consensuadamente con la empresa que ofrece el servicio. Del mismo modo, el Estado debe eliminar todos los impuestos sobre herencias, para todos.

¿Deben existir incentivos o beneficios adicionales para las parejas homosexuales?
Jamás. El Estado no debe privilegiar a nadie, sea cual sea su inclinación sexual. Nadie debe beneficiarse del dinero ajeno. Los subsidios implican un robo al bolsillo de todos para beneficiar a grupos de interés al tiempo que sirven a políticos para comprar votos. Las transferencias estatales pagadas con nuestros impuestos son privilegios indebidos, inmorales, y violentan la igualdad ante la ley.

¿Qué pasa si un menor no quiere vivir bajo tutela de una pareja gay?
Deben consultarse mecanismos judiciales privados e independientes para permitir que un menor se emancipe de sus padres -sean homosexuales o heterosexuales- si logra probar que puede ser responsable y vivir solo. No es deber del Estado responsabilizarse por jóvenes emancipados ni entregarles subsidios. Si el joven demuestra no depender de sus padres, menos dependerá de los demás.

jueves, 11 de agosto de 2011

"Educación gratuita"

Prolegómenos.
Hace algunas semanas, el Presidente de la República señalaba, para descontento de la "progresía" en general, que la educación era un bien de consumo. Frente a las airadas reacciones de los estudiantes y ciudadanía, hubo de recular, morigerando sus palabras a la vez que varios de sus colaboradores salían a resolver el entuerto interpretando los dichos de Piñera de manera más "amigable".
Así, uno de ellos señaló que técnicamente lo que había querido significar el mandatario era que siendo un bien de consumo como cualquier otro, el consumidor (cliente, estudiante), podía elegir[1] y otro explicó que no había tanta diferencia entre una lata de Coca-Cola y la educación.
Otro destacado economista reparó en el hecho que la comida, algo mucho más fundamental que la educación tanto lógica como cronológicamente, era un bien de consumo y no gratuito y que nadie había propuesto hasta el momento, que el Estado debiese regalarla.
Sin desconocer la veracidad de las ideas contenidas en las declaraciones reseñadas, parece extraño que ninguno de los comentaristas del Jefe de Estado haya reparado en lo esencial. La Educación, si bien es cierto puede ser un bien de consumo, es ante todo una inversión.
Este "descubrimiento" que para muchos puede parecer baladí y evidente, implica una serie de consecuencias que deseo analizar en esta columna.

Educación. ¿Bien de consumo, inversión o ambos?
En primer término, es menester distinguir entre un bien de consumo y uno de inversión, señalando sí, que la diferencia no es radical y tiene mucho más que ver con la intención del ser humano que con la cosa misma. Algunos podrán decir que la diferencia es incluso arbitraria. Así, un camión será usualmente un bien destinado a producir otros o una renta, una inversión, como cuando lo utilizamos para mover áridos o transportar mercaderías. Pero también puede ser un bien de consumo que nos permita gozarlo sin tener en mente generar plata (de hecho, el ejemplo propuesto nos hace gastar plata como locos). Basta mirar una fotografía para darse cuenta que esta “camioneta”[2] (la más grande del mercado) permite darse un gusto sin tener que cargarla de troncos o algo así.
Esta observación nos permite aplicar la dicotomía referida a otros ámbitos, incluyendo por cierto, la educación. Podemos educarnos por placer, por darnos un gusto, o para obtener herramientas que nos permitan ganarnos la vida. Existirán carreras que objetivamente parezcan más bien de consumo y otras de inversión pero al final lo que prima será siempre la motivación que tuvo el estudiante. Así, Aristóteles ganó bastante dinero enseñando filosofía (hoy en día sería algo complejo), y hace unas semanas entrevistaban en televisión a un ingeniero que decidió vivir como mendigo en las calles de Santiago.
Lo anterior implica a lo menos dos conclusiones importantes. En primer término, que la educación puede ser un bien de consumo o una inversión, y otra, consecuencia lógica de la primera, que dependiendo de la finalidad que tenga, puede significar ganar plata, o gastar plata. Un grupo de niños puede comprar maíz curagua para hacer cabritas y venderlas, o para hacerlas y comérselas.

Educación. Un proyecto de inversión como cualquier otro.
¿Pero a qué viene todo esto? Simple. Si es inversión, el proyecto educativo debe llevarse a cabo solo si es rentable, un ingeniero comercial diría “tiene un VAN positivo”. Eso implica analizar la demanda por la carrera seleccionada y en nivel de remuneración típico para los egresados. Si el costo de la carrera es alto y la remuneración baja, no convendrá estudiarla. Al mismo tiempo, debe considerarse el costo de oportunidad… trabajar durante esos 4 o 5 años y eventualmente meter al banco u otra forma de invertir, las 200 o 300 lucas mensuales de la carrera. A tal efecto es bueno considerar datos públicos y de fácil acceso como los que presenta esta página de internet[3].
Lamentablemente este ejercicio tan sencillo y necesario no es usual en la toma de decisión que lleva a elegir una carrera por sobre otra. Así encontramos luego personas que reclaman porque apenas les alcanza para pagar el crédito y como les parece injusto, no lo hacen. Justifican este actuar señalando que la “educación es un derecho” y que por consiguiente debería ser “gratis” (pagada por otro).
Siguiendo la lógica de la inversión, me pregunto si los mismos que piden que nosotros les paguemos la educación, estarían de acuerdo en que el Estado le regalase a cada joven de 18 años, una cantidad X (promedio del costo de una carrera típica) para que ejerciendo su libertad, emprendiese en vez de estudiar. ¿O acaso el Estado no debería ayudar ahí porque el tipo se convertiría en un “despreciable empresario”? La verdad de las cosas es que el Estado (nosotros) no tenemos por qué financiar algo que no nos beneficia en lo absoluto, por el contrario, solo implica más impuestos y pagar dos veces. ¿O alguno de ustedes cree que los beneficiarios de la “educación gratis” les trabajarán gratis una vez titulados?
Por otro lado, si la educación es para alguien un bien de consumo, difícilmente podría justificarse el que los demás se la pagasen. Aún así, existe una enormidad de becas para estudiar carreras que nada aportan al país, y qué decir a usted o a mí como personas individuales. Basta echar una mirada a las listas de becas al extranjero de CONIYCYT, para contabilizar una enormidad de recursos destinados para alumnos de “Literatura Inglesa”, “Ciencia Política”, “Filosofía” y una serie de materias que pueden ser muy interesantes pero solo aportan al ego, conocimientos y satisfacción personal del becario. Resulta llamativo -por decir lo menos- que exista plata en Chile para financiar doctorados en “hermenéutica literaria” o “profundización de danza”[4].  

¿Nos llenaremos de ingenieros en minas y geólogos?
Al leer lo anterior, muchos podrán verse tentados a pensar “entonces, nos llenaremos de ingenieros en minas y geólogos y habrá pocos profesores y periodistas”. En efecto, un análisis racional del proyecto educación, que repito, es normal cuando a uno le cuestan las cosas pero definitivamente superfluo cuando se las regalan, implica que mucha gente comenzará a preferir las carreras más lucrativas en desmedro de las menos rentables. Pero no todo el mundo estudia solo por ganar más plata, muchos seguirán estudiando carreras menos rentables por “amor al arte”.
Por otro lado, la oferta y demanda son variables mutables en el tiempo. Si mucha gente decide ser ingeniero en minas, la mayor oferta determinará que el sueldo promedio baje. Y si de un día para otro casi nadie estudia periodismo y en algún momento comienzan a escasear, verificaremos el efecto contrario. Los medios estarán dispuestos a pagar más por conseguir un periodista.    

Nada justifica la existencia de becas.
Mucho se discute sobre la necesidad de contar con mayor “Capital Humano Avanzado” (un eufemismo para referirse a personas con capacitación adicional a la de pregrado). La falta de estas personas explicaría parte de nuestro subdesarrollo y justificaría la existencia de becas destinadas a tal cometido.
Este supuesto se cae por su propio peso. Si realmente el mercado requiriese personas con este tipo de capacitación, existiría una demanda por ellos, lo que se vería fielmente reflejado en el nivel de remuneraciones que obtendrían una vez titulados. Este delta en los sueldos permitiría pagar el crédito que permitió financiar el postgrado. La verdad dista mucho de la expuesta. Las cifras demuestran que solo la mitad de los beneficiarios de becas de postgrado ganan más una vez titulados[5].
Sería bueno por ejemplo saber qué ventaja representa para Chile la beca que recibe el hijastro del señor Mario Waissbluth, para estudiar diseño en Estados Unidos[6]. Si consideramos que el señor Berlin es dueño de una importante y lucrativa empresa dedicada al diseño de casas (que no son precisamente para “pobres”) y salones de venta[7], el escándalo es mayúsculo.
Circula entre la masa ignorante, que usualmente es mayoría, no lo reconoce y es atrevida encima, la creencia que no existe nada más “redistribuidor” que la educación gratuita. Sostienen los genios de esta tendencia que los “ricos” pagarían la educación a quienes no puedan costearla, porque son ellos los que pagan mayormente impuestos. Esta falacia es fácilmente refutable.

Los impuestos no redistribuyen, los pagan los pobres.
Para muchas personas, por no decir la gran mayoría, los impuestos son una excelente manera de redistribuir la riqueza en una sociedad. En efecto, sostienen que bien planteados, los ricos pagarán más, y los pobres pagarán menos (o derechamente no pagarán). Un sencillo análisis de la forma en cómo operan nos permitirá demostrar lo errado de esta postura.
Imaginemos el impuesto a la renta[8], el típico tributo que grava lo que la ley define como “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”.[9]
Este impuesto, que reconoce diversas variantes, es pagado básicamente por empresas y profesionales que ganan más de un monto determinado. La gente “humilde” usualmente no paga por quedar bajo los tramos de ingresos gravados por el mismo. Eso al menos en la teoría, porque ese impuesto, es pagado por los pobres. “¿Cómo es posible esto?” dirá alguien por ahí, “si es un impuesto directo, que debe ser pagado por la empresa o la persona que genera la renta…”. La explicación es sencilla. Una cosa es que el obligado sea el empresario o la persona natural y otra muy distinta, a que en la práctica el dinero sea enterado por el sujeto pasivo. La empresa o el profesional incrementan el valor de los bienes o servicios que ofrecen en idéntica proporción que el impuesto y lo que debían pagar ellos lo paga el consumidor final (que no necesariamente es “rico”).
De manera tal que subir impuestos para tener “educación gratis” en nada garantiza que los “ricos” paguen la educación de los “pobres”, muy por el contrario, si se establece como un Derecho Universal Garantizado como pretenden algunos, habrá hijos de “ricos” estudiando gracias a los impuestos que pagan los “pobres”.
Podría decirse sin temor a equivocarse, que una política como la planteada implicaría una transferencia neta de riqueza de “pobres” a “ricos”.

Lucro, el chivo expiatorio.
Otro mito en el tema en discusión es la culpa del lucro en la mala calidad de la educación. Esta creencia se repite con una chulería impresionante y la repiten moros y cristianos. Así, las universidades estatales, que supuestamente no persiguen fines de lucro, serían mejores porque reinvertirían el dinero que reciben por concepto de matrículas y mensualidades en mejores laboratorios, bibliotecas, contratar profesores de mayor renombre, etc. En cambio las privadas, ganarían plata y los dueños la usarían para jugársela en el Monticello, comprarse relojes de varios millones o tener varias casas en la playa, entre otras inmoralidades que un verdadero “progre” no puede aceptar (a pesar que llegaron al gobierno con una mano por delante y otra por detrás y salieron ricos a los 20 años).
La verdad es un poco distinta. Existen universidades privadas como el ajo y otras muy buenas, tanto o mejor que las mejores estatales. Los criterios con que podemos calificarlas son bastante amplios como se desprende de los rankings disponibles[10]. Otra manera de clasificar las universidades parece ser la famosa “acreditación”, que no es más que un procedimiento de cumplimiento de normas formales que en poco y nada garantizan el resultado. Daría para varias columnas el analizar el verdadero “negociado” que constituye para consultoras y empresas relacionadas. El mercado sabe más. Paga mejor a un abogado de la Chile, de la Católica o de la Adolfo Ibáñez, que a uno de la universidad del chancho.
Es justamente el lucro lo que garantiza calidad cuando los mercados operan libremente. ¿Se ha fijado en lo malos que eran los automóviles del “bloque socialista”? Al no existir competencia, ni mayor incentivo pues la oferta y el precio eran determinados por un burócrata, las empresas estatales no se esforzaban por entregar mayor calidad. Fuese bueno o malo el Lada, ganaban los mismo. ¿Qué otra cosa que el afán de ganar más podría impulsar a un empresario a hacer las cosas mejor? ¿A que opten por su universidad y no por la de enfrente? El lucro no es el problema, no lo es en la fabricación de alimentos, menos en la educación, que como se señaló, es menos importante (no muero de inanición, luego estudio diría Descartes).
Si el “lucro” no ha funcionado es justamente porque está prohibido. Las universidades no pueden ganar plata, generar utilidades a sus dueños. Esto ha implicado el surgimiento de inmobiliarias que le arriendan sedes a las universidades para lucrar con ello. Nada de malo veo en ello. La poquedad de los críticos en esta materia es abismante. Intentan comparar la investigación que llevan a cabo las universidades estatales, con la prácticamente inexistente en la gran mayoría de las privadas. Olvidan que el gran mandante de estas investigaciones es el Estado, ente que difícilmente repara en la rentabilidad de los proyectos que encomienda, utilizándolos como verdaderas cajas pagadoras de favores políticos y afines. La inutilidad de estos estudios se demuestra por el absurdo. Si fuesen rentables, los encargaría la empresa privada.

Conflictos de interés y representatividad.
Por último, me gustaría “rayarle la pintura” al movimiento. En primer término, señalar que sus integrantes tienen evidente conflicto de interés, al ser los beneficiarios directos de las políticas públicas en materia de educación, actuales y potenciales. Alumnos que estudiarían gratis y profesores que ganarían más o tendrían más bonos y regalías de ser escuchadas sus pretensiones. Si los dueños de las tabacaleras o los banqueros desfilasen por la Alameda exigiendo algo al Estado, todos los señalaríamos con el dedo por el mismo problema. No lo hacen de esa forma, les gusta más el lobby y financiar campañas políticas, pero igual nos enojamos frente a tal práctica. Y no es necesario pertenecer a una corriente tan radical como los que protestan para tener conflictos. No olvidemos que el señor Mario Waissbluth, autoerigido gurú de la Educación, vive (bastante bien por lo demás[11]) a costa de proyectos encargados por entes públicos[12]. Sería desconcertante escucharlo pedir algo distinto que más recursos para la educación pública. Lamentablemente jamás lo ha señalado de motu proprio así como tampoco se ha referido jamás a la beca de su niñito. De hecho, se enoja al respecto y bloquea en twitter cual niño enojado cuando lo pillan en algo que no corresponde. Algo de ética le quedará… la gente al conocer estos datos le resta legitimidad abrumadoramente[13].
Respecto a la representatividad de los estudiantes, baste señalar que hace casi dos años, se presentó una candidatura presidencial que proponía exactamente lo mismo que ellos en materia de educación: gratuita, aumento de impuestos, y renacionalización del cobre. Tenemos claro que Arrate no logró ni siquiera el 7% de los votos[14]. Estoy seguro que nadie podría plantear hoy en día que en menos de dos años, la gran mayoría de la población tiene ese pensamiento. De hecho, consultada la gente de manera que sopese las consecuencias de una “educación gratuita”, la desechan por amplio margen[15][16].

Palabras al cierre.
Afortunadamente, y luego de meses de conflicto, el mandamás me hizo caso y ha señalado de una buena vez “nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar”[17], o como dirían los norteamericanos, “there ain't no such thing as a free lunch”, descartando una reforma tributaria.
Algunos me llamarán fascista (ignorantes, los fascistas son estatistas y entregan “educación gratis”), individualista, sin corazón, poco soñador, conservador o lo que quieran. Prefiero llamarme libertario, realista, racional y científico. La verdad sea dicha, no existe manera alguna de “igualar” o “nivelar la cancha” que no pase por ejercer violencia sobre unos para robarle parte de sus ingresos y darles a otros. Eso y no otra cosa son los impuestos, y el Estado que los recauda, es ineficiente, en ocasiones ladrón, y además implica costos de administración enormes.


[8] El ejemplo del IVA es más decidor aún. Los “pobres” consumen prácticamente todo lo que ganan, lo que implica que en la práctica pagan casi el 20% de lo que reciben, en impuestos. Los “ricos”, difícilmente gastan todo lo que reciben, de hecho invierten, ahorran, etc., por lo que en la práctica, y proporcionalmente, pagan menos IVA.
[9] Ley sobre Impuesto a la Renta. Artículo 2° número 1.